4 de mayo de 2017

Colombia, el país en donde los recursos públicos NO son sagrados



 
Fuente. http://futuro-region-leonesa.webnode.es/contra-la-corrupcion/
Nacemos en hogares ejemplares, en los que nos enseñan a ser correctos, a cumplir las normas, a ser justos y a trabajar duro para cumplir nuestros sueños. Nuestros padres son el ejemplo de lo que queremos ser cuando seamos mayores.Vemos como en nuestro entorno todos se parecen a nosotros, al tipo de familia que tenemos y pensamos, vamos bien. Pero de repente, empezamos a ver que a nuestro alrededor no todo es como en casa. 

Nos damos cuenta que hay gente ambiciosa que quiere tenerlo todo y a cualquier precio. Nos damos cuenta que hay gente floja, que no quiere trabajar pero quiere tener mucho dinero. Nos encontramos con gente mentirosa que manipula a otros para obtener beneficios. Nos damos cuenta que en todos los sectores de la sociedad hay ladrones que roban a pequeña y a gran escala los recursos públicos que nos pertenecen a todos.

Es un error creer que corrupto es sólo aquel que se roba millones de recursos públicos! No!!! El corrupto es también el que vende cupos falsos para registrarse como desplazado en Colombia. Es también esa persona que pide comisión para darle celeridad a ciertos casos en un juzgado. Es también esa persona que dice que como el Estado roba, pues también hay que robarlo… 

Repasemos algunos de los casos más sonados de robo de recursos públicos. Empecemos por la ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena, más conocida como Reficar por ejemplo. Éste proyecto tenía un costo inicial de 3.777 millones de dólares y terminó costando el doble, 8.016 millones. Como lo dijo el Contralor en artículo de Revista Semana el pasado mes de marzo, este caso representa un proceso de responsabilidad fiscal por casi 17 billones de pesos, en el cual se encuentran vinculadas 38 personas, entre las cuales hay ministros, ex ministros, contratistas, miembros de las juntas directivas de Ecopetrol y Reficar. http://www.semana.com/nacion/articulo/reficar-nadie-responde-por-desfalco-billonario/518824 ¿Por qué los sobre costos? ¿Por qué la mala planeación? ¿Quién responde? Si no se hubiesen invertido esos 4.000 millones de más, ¿en qué se habrían podido invertir?



Miremos ahora el caso Odebrecht, en donde altos funcionarios de dos gobiernos colombianos se dejaron sobornar por altas sumas de dinero para favorecer a la empresa brasilera en concenciones de infraestructura vial, como el Tramo II de La Ruta del Sol.  Éstos ilustres colombianos no sólo incurrieron en actos de corrupción, sino que replicaron una práctica nefasta para la contratación pública.



Y por último, un caso que me causa mucha rabia e indignación es el de los Juegos Nacionales de 2015 en Ibagué. Allí se presentaron sobre costos por 11.500 millones de pesos, solo en la fase de estudios y diseños de los escenarios deportivos a construir. Además de lo anterior, esa fase no contó con interventoría alguna. Lo cual dejó como resultado, que a parte de los sobrecostos, no se entregara ninguna obra y los ibaguereños se quedaran sin los únicos dos escenarios deportivos que tenían. El pasado mes de marzo el alcalde de ese entonces, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, fue vinculado a la investigación, pues hay un testigo que asegura que el ex alcalde presuntamente habría recibido una comisión del 20% por esos contratos. (Fuente. http://www.cambioin.com/exalcalde-luis-h-rodriguez-vinculado-formalmente-al-robo-de-juegos-nacionales)

Los anteriores son solo tres de los tantos casos de corrupción y robo de recursos públicos en Colombia, en donde nos hemos vuelto permisivos con los actos pequeños y grandes de corrupción y por eso los corruptos se han salido con la suya, y aunque uno que otro va a la cárcel, la mayoría andan por ahí sueltos, buscando una nueva forma de engañar y robarse el dinero de nuestras vías, nuestros hospitales, nuestras universidades!






3 de octubre de 2016

Mi radiografía del post plebiscito



Cuando se hizo evidente que había una mayor votación por el NO en el plebiscito sentí mucha rabia, después miedo y tristeza… Pero después de reflexionar en calma llegue a la conclusión de que en cierta medida, ese NO que superó el SI, fue bueno. Creo que el país está demasiado dividido, y un SI con todo ese NO en contra no representa un buen panorama de construcción de paz, y viceversa. 

Mi sensación es que la votación del plebiscito fue, en su mayoría, contra Uribe o contra Santos, haciendo honor a la retrógrada costumbre caudillista que permanece en el imaginario colectivo y político colombiano. Lo anterior es consecuencia,  entre otros factores, de una perversa tradición partidista, que ha hecho que los partidos políticos sean incapaces de construir una idea de país, más allá de quien sea el gobernante de turno. 

Me preocupa ver que el NO parece estar más interesado en montar su plataforma política 2018 que en construir paz. Sin embargo, espero que comprendan, que la mitad de los que votaron, no están de acuerdo con ellos. Ahora, pensando en los que no votaron.... que angustia saber que hay 27 millones de personas que por alguna razón son indiferentes a la política. ¿Cómo motivarlos a ellos? ¿Cómo hacer que les importe?

Para mi la radiografía post plebiscito es la siguiente: tenemos un NO rotundo y sin propuestas claras para renegociar; unas FARC sorprendidas y debilitadas al comprobar que el perdón no es tan fácil como creían; un Uribe fortalecido anímicamente y con ganas de dar la última palabra y con un Santos amarrado de manos.

Siento que tenemos por delante el reto más grande como país, acabar el odio y construir caminos de paz. Para lograrlo necesitamos un dirigente capaz de congregar, no de dividir, y para mi no son ni Santos ni Uribe.


A pesar de lo anterior, creo que hay que seguir luchando por encontrar el camino!

30 de septiembre de 2016

Más allá del SI y el NO



Entre más leo y averiguo sobre el SI o el NO, más pienso en el daño que le han hecho a este país los gobernantes que vinieron a imponer sus ideas más que a pensar en lo que realmente necesitaba una sociedad como la nuestra. Gobernantes que históricamente han escondido debajo del tapete las realidades de corrupción del país, con tal de aparentar buenos índices de gestión.

Por lo enterior, entre otras cosas, en Colombia se volvió normal ver políticos y empresarios corruptos, ver ciudadanos aplicando orgullosos la ley del atajo, ver gente robandose la plata de la educación, la salud y los refrigrios escolares de nuestros niños, ver políticos comprando votos para ganar puestos y así asegurar contratos y el manejo de los recursos públicos de tal o cual región, ver políticos y/o empresarios comprando licencias ambientales para desarrollar proyectos de infraestructura o de minería en zonas donde claramente serán más los afectados que los beneficiados, ver a algunos comprando  conciencias para no delatar funcionarios públicos que piden porcentage por cada contrato que entregan, ver la compra de funcionarios públicos para beneficiar a tal o cual amigo del gobernante de turno, ver la compra de funcionarios públicos para construir infraestructuras fantasma que luego quedan abandonadas y sin recursos… etc.

Claro que es necesario firmar un acuerdo con cada grupo armado al margen de la ley para empezar un camino complejo hacia la verdadera terminanción del conflicto, claro que desde todos los sectores hay reparos frente a lo firmado con las FARC, yo misma tengo muchas dudas. Claro que el acuerdo es imperfecto y no le gusta a todos los colombianos. Pero creo que es el primer paso para siquiera poder empezar a reconstruir nuestra sociedad y la forma en la que se hace política.

Sin embargo, es preciso tener claro que esa firma no es el boleto de la paz, no quiere decir que a partir de que se refrenden los acuerdos, Colombia será un país sin problemas. Vendran tiempos dificiles para aprender a vivir diferente. Pero, considero que si nosotros, no somos concientes de lo exigentes que debemos ser en la lucha contra la corrupción,  si no cambianos nuestra mentalidad permisiva con la corrupción, perderemos la oportunidad del nacimiento de una nueva Colombia.


Pensar en que la firma de un documento acabe la guerra en Colombia y cambie nuestra sociedad es ingenuo en algunos casos, en otros tal vez idealista, y en otros tantos irresponsable y un síntoma de desinformación. Por eso mi reflexión va encaminada a llamar la atención sobre la necesidad de profundizar un poco en lo que realmente se necesita para reformar la sociedad corrupta en la que vivimos, más allá del SI y el NO.

21 de julio de 2015

Por falta de regulación oportuna se está perdiendo la esencia del Bicitaxismo en Bogotá



 El bicitaxismo en Bogotá surgió como una opción para desplazarse del interior de los barrios a las estaciones de Transmilenio. Casi once años después de su llegada a Bogotá, la falta de regulación los tiene en un limbo de ilegalidad peligroso para quienes trabajan en el gremio, así como para quienes los usan. Los bicitaxistas no gozan de los beneficios de un empleo formal, no tienen seguridad social ni prestaciones. En caso de un accidente laboral nadie responde y frente a un eventual con un pasajero, tampoco. 


La falta de regulación causa desinformación; por ello las diferencias frente a las cifras que se tienen sobre cuántos bicitaxis circulan en Bogotá. Un censo realizado por la Universidad Nacional en 2013, señala que existen 3.100 en Bogotá (Ver link de la nota: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13119462, mientras que para la Federación Nacional de Bicitaxistas (FENALBIC) hay 8.000. Según esta entidad,  éstos transportan a casi 200 mil pasajeros al día, de los cuales cada bicitaxista moviliza alrededor de 40 personas diariamente. 
De acuerdo con un investigación de Caracol Noticias, el gremio puede recibir hasta $640 millones / día. Un bicitaxi de pedal cuesta alrededor de 1.800.000 pesos y uno con motor entre 6 y 7 millones de pesos. El cupo de un bicitaxi cuesta entre 15 y 25 millones de pesos, y el propietario los alquila por 10.000 pesos en el sur de la ciudad, y en el norte por 40.000 pesos el día. Un bicitaxista se hace entre 40 y 50 mil pesos diarios, dependiendo del clima, si llueve hace más carreras y gana más. Ver informe de la periodista en este link:
Como lo demuestran los datos presentados, este tipo de trabajo, que nació por la necesidad de los ciudadanos de salir de sus barrios para llegar a las estaciones de Transmilenio, mueve 640 millones de pesos al día y emplea a 8.000 personas. No obstante su potencial para generar empleo, el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad de Bogotá llevan 11 años decidiendo si lo regulan o no. 

Al no estar regulados, los bicitaxistas se han visto enfrentados a operativos y multas por parte de la Policía en Bogotá. Por eso, en el 2013, la Federación Nacional de Bicitaxis (Fenalbic), la Federación Nacional de Bicitaxistas de Colombia (Fenabicol), la Corporación Suroriental de Tricimovilidad y la Asociación de Propietarios de Bicitaxis de Suba (Asoprobisuba), interpusieron una acción de tutela en contra de la Secretaría de Movilidad y de la Policía de Bogotá. En ésta, indicaban que las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá para combatir el transporte en bicitaxi afectaron su derecho al trabajo, al mínimo vital, a la propiedad privada y a la libre empresa.

Frente a esa tutela, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional resolvió respetar el derecho al trabajo de quienes se dedican al bicitaxismo, así como exhortar al Ministerio de Transporte para que: “dentro del ámbito de sus competencias, promueva la implementación de medidas que en forma definitiva establezcan la forma y condiciones en que puedan o no operar los llamados bicitaxis, teniendo en cuenta los parámetros señalados en la sentencia C-981 de 2010.” Y a la Secretaría de Movilidad para que: “una vez definido por parte del Ministerio de Transporte si los vehículos no automotores pueden o no ser homologados para la prestación del servicio público de transporte, proceda a diseñar la política a nivel local sobre el bicitaxismo, teniendo en cuenta los parámetros señalados en esta sentencia acerca del respeto al principio de confianza legítima y democrático y el derecho fundamental al trabajo de quienes ejercen tal actividad.” Ver link:  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-442-13.htm

Pero ni siquiera con lo dicho por la Corte se ha logrado resolver algo definitivo al respecto. La Secretaría de Movilidad dice que el Ministerio de Transporte debe regular el servicio, y el Ministerio dice que para regularlo necesita que la Secretaría presente un estudio con las características para la homologación de los bicitaxis, así como las rutas y la infraestructura para su circulación. Al final de cuentas ninguna de las dos entidades da el primer paso para resolver el limbo legal en el que está el bicitaxismo en Bogotá, poniendo en peligro a quienes conducen los bicitaxis así como a quienes los usan.

Además, por la falta de regulación oportuna a este tipo de trabajo, están naciendo mafias que especulan con el valor de los cupos de los bicitaxis, se apropian de algunas estaciones y portales de Transmilenio, y se están fabricando bicitaxis con motores que no cumplen con los mínimos estándares, acabando de tajo con la esencia de cualquier tipo de transporte en bicicleta: no contaminar.

Este es el link de la nota en la Veeduría Distrital

Ana María Parada - @Paradita

24 de junio de 2015

A Bogotá le secuestraron los andenes y el espacio público




De acuerdo con un reciente censo realizado por el Instituto para la Economía Social del Distrito (Ipes), en Bogotá existen casi 48.000 vendedores informales. Alarmante, ¿no es cierto?. Y no es para menos, pues estamos perdiendo las calles y los andenes por el incremento de vendedores informales, quienes en algunos casos son familias que buscan su sustento allí,  pero en otros, son mafias que tienen divida la ciudad en zonas por las cuales cobran arriendo, sin pagarle un sólo impuesto a la ciudad. En este link pueden ver la nota de El Tiempo  Así como por la ineficiencia de las entidades distritales responsables de combatir la informalidad. 


Foto tomada el 23 de junio de 2015 en la Calle 125 arriba de la Autopista

El Instituto para la Economía Social del Distrito (Ipes), informó que los vendedores informales ocupan no menos de 17.000 metros cuadrados de andenes y plazas en las zonas céntricas de Bogotá. (El Tiempo 2015). Según sus propias cuentas un vendedor ocupa en promedio 1 metro por 1,20 de espacio público. Pero la cifra de ocupación total podría ser aún más alta si se tiene en cuenta el uso de carros de venta de arepas, empanadas, sanduches y  perros calientes, con los cuales se pueden llegar a ocupar hasta 4 metros por 1,20 de espacio público. En este link pueden ver la nota de Portafolio


Foto tomada de la nota de Portafolio reseñada en el párrafo anterior


En la página de la Secretaría de Planeación, una de las entidades responsables del correcto uso del espacio público en la ciudad dice que: "el espacio público de una ciudad comprende las áreas requeridas para la circulación peatonal, vehicular." Dice también que "el sistema de espacio público es un conjunto de espacios construidos que, de manera articulada, cumplen las funciones de estructurar el espacio urbano y rural, y que está compuesto por el subsistema de parques urbanos y por el subsistema de espacios peatonales". Suena todo muy bonito, y pareciera estar bien especificado y regulado, pero la realidad es otra. 

Tanto en el “Subsistema de parques urbanos” como en el “Subsistema de espacios peatonales” estamos rajados en Bogotá, en parte porque la informalidad se está tomando los espacios públicos que nos corresponden a todos, secuestrando nuestros andenes y nuestras zonas verdes. Y en parte porque las entidades distritales no han sido eficaces en la implementación de los  planes de reubicación y formalización de vendedores informales. En 2013 la Personería de Bogotá señaló que los programas: Punto de Encuentro y Proyectos Comerciales del Instituto para la Economía Social (IPES) habían fracasado. En este link pueden ver nota de El Espectador al respecto

Al revisar el cumplimiento de las metas relacionadas con los programas del plan de desarrollo que tienen que ver con el espacio público, se hace evidente la ineficiente gestión del gobierno distrital en este aspecto. Encontré que la Secretaría de Planeación, tenía programado construir 323.912 m2 de espacio público para 2015 y a marzo había contruido 33.222 m2, representando un avance de tan sólo el 10% de lo programado. (Sistema de Información y Seguimiento al Plan de Desarrollo, SEGPLAN).

Y frente al programa "Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclorrutas" para la meta: “construir 281,290.89 m2 redes peatonales, andenes asociados a la malla vial arterial, conjuntos monumentales y andenes por valorización”, a marzo de 2015 había construido 17.031.07 m2, equivalentes tan sólo al 6%, y se había ejecutado apenas el 47% (77.786 millones de pesos) del presupuesto asignado (163.965 millones de pesos).

Aunque es preciso aceptar que hay un fenómeno miedoso de existencia de mafias del espacio público, que se encargan de cobrar por metro cuadrado usado en algunas zonas de la ciudad arrendando esquinas sin retribuirle nada a la ciudad. Debo decir que me parece poco contundente la reacción del gobierno distrital,  pues a pesar de conocer la problemática, de tener los recursos asignados para combatir la informalidad y proteger el espacio público, las entidades distritales no han implementado planes eficaces. Razón por la cual hoy los bogotanos no podemos desplazarnos con tranquilidad y amplitud por las calles de la ciudad por las cuales sí estamos pagando impuestos de mantenimiento.